Catastro del marqués de La Ensenada
      «El Catastro del Marqués de la Ensenada, llevado a cabo en el año 1753 fue el paso previo a una reforma fiscal, que luego no se llevó a efecto, cuyo propósito era simplificar las vigentes y complicadas rentas provinciales y sustituirlas por una única contribución. «La proporción de lo que cada uno tiene, con equidad y justicia». Para conocer la renta real de las personas, lugares y provincias del Reino era necesario hacer previamente una investigación universal de todos los bienes de los vasallos, sin excepciones; también de los eclesiásticos y de los nobles. El Catastro se realizó a partir de las declaraciones individuales, que se hacían cabeza a cabeza, tanto unidades familiares como institucionales. En esto consistía el Catastro:
      Declaraciones de bienes de los titulares, comprobación de la veracidad por la administración con ayuda de los peritos y técnicos, constitución de los libros donde se registraba todo, cálculo del valor fiscal de esos bienes; establecimiento de los estadios de resumen de cada pueblo (separando los legos y eclesiásticos) y, a su vez, de cada provincia. Todo eso para calcular la renta local, la provincial y la del Reino.
      La Instrucción, formada por 41 artículos o capítulos, explica con todo detalle la forma de proceder; lo que había que averiguar, como fijar las utilidades y las rentas en los libros oficiales, donde todo debía quedar recogido y formalizado. Se completaba con una serie de formularios y anexos con modelos y ejemplos prácticos.
      Para desarrollar el proyecto se creó un organismo administrativo superior; la Real Junta de la Única Contribución, que dependía directamente del rey Fernando VI y estaba formada por miembros de los consejos e Intendentes. Para tranquilizar al clero ante la investigación de sus bienes, se colocó al frente al Inquisidor General. Su secretario, Bartolomé Sánchez de Valencia, que ya había dirigido la operación piloto en Guadalajara, fue el alma de todo el proceso. También fue fundamental el marqués de Puerto Nuevo, que actuó de analista, consultor y asesor.
      Las investigaciones en los pueblos se encomendaron a los intendentes provinciales (posteriormente intervendrían en el proceso las contadurías provinciales). Todo el proceso sería a cuenta del erario real.
Los datos recogidos se consideraban bastante fiables gracias a cautelas como la comprobación de los datos por peritos; en ocasiones de los pueblos vecinos, la lectura pública de los libros del Real o la presencia del párroco del lugar, que aportaría los certificados de pagos de diezmos.
      En 1756, los trabajos estaban casi concluidos; aunque algunas operaciones, como la de Murcia, habían tenido que repetirse completas, y las investigaciones de la Villa y Corte se prolongaron sin remedio, quedando sin terminar por los intentos de ocultismo y oposición de los sectores privilegiados. La caída de Ensenada, en julio de 1754, no significó la paralización del proyecto. En 1757 se obtuvo el Breve del Papa Benedicto XIV, que autorizaba la aplicación de la única contribución a los bienes de los eclesiásticos. Y cuando nada parecía impedir ya la puesta en marcha del nuevo sistema fiscal, la muerte de Bartolomé Sánchez de Valencia en ese mismo año; sumada a la inacción de la administración por la incapacidad del rey Fernando VI, debido a su grave melancolía desde la muerte de la reina Bárbara de Braganza, hicieron que se paralizase. Se volvería a estudiar la reforma en 1760 y en 1770, ya en el reinado de Carlos III. Se abandonó definitivamente en 1779, treinta años después del inicio de la investigación.
      Las operaciones catastrales costaron a la hacienda real, según Canga Argüelles, cinco años de esfuerzos y 40 millones de reales. Para Concepción Camarero, «El número de jueces subdelegados que dirigieron dichas investigaciones en cada una de las 14.672 entidades de población se acercó al millar, en sus audiencias trabajaron más de seis mil hombres y los peritos de los pueblos pasaron de noventa mil. En los documentos elaborados quedaron registrados más de siete millones de personas y varios cientos de millones de piezas de tierra, que se pasearon y reconocieron una a una; y muchas fueron medidas. Se contaron las colmenas y cada una de las cabezas de ganado. Se obtuvieron las «tazmías» de cinco años. Los ayuntamientos, monasterios y nobles tuvieron que desempolvar legajos de sus archivos para hacer copias y legalizar los documentos en los que figuraban sus ancestrales privilegios. No quedó casa, ni corral, ni tienda sin medir; ni cuba de vino sin cubicar. En muchos pueblos hasta se contaron los árboles. Dejando de lado lo que pudo haber sido, y no fue, al no implantarse la reforma fiscal, tampoco entró en vigor un sistema de registro de bienes, lo que entendemos ahora por catastro, en el que se deberían ir reflejando los cambios por venta, herencia y otros, en las propiedades inscritas. Con todo, el importantísimo volumen de documentos, a pesar de las pérdidas explicadas anteriormente, permitió la más completa radiografía de la Corona de Castilla a finales del antiguo régimen
»

      La explicación previa citada es una traducción literal de la introducción referente al tema en la página del ministerio de cultura; y los datos que corresponden a los resultados de la encuesta en la que se basó el catastro son una reproducción de los mismos aplicando en su transcripción y traducción la interpretación más objetiva posible, teniendo en cuenta las dificultades que tanto la caligrafía como la gramática utilizada en aquel tiempo impusieron a esta tarea, por lo cual ciertas frases podrían estar reformadas y la composición gramatical ha sido corregida en lo posible. De todos modos, aquí figura la esencia de tan valioso documento, que nos facilita el conocimiento sobre la estructura social de Muros y las actividades y reparto de la riqueza que tenían lugar a mediados del siglo XVIII.
      Las demás parroquias o lugares del distrito jurisdiccional, incluidas algunas que hoy en día forman parte de los ayuntamientos de Outes, Carnota y Mazaricos, se encuentran en el mismo archivo, en otras 324 páginas manuscritas y divididas por parroquias en 5 secciones diferentes.
      El catastro llevado a cabo consistía de 40 preguntas, que deberían responder las autoridades locales y los peritos nombradas a tal efecto en base a los datos obtenidos en sus jurisdicciones, y un apartado final donde se enumeran las actividades y rentas de los vecinos de la Villa.

PREGUNTAS DEL CATASTRO

      1. Cómo se llama la población.
      2. Es de servidumbre Real o de señorío; a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto produce.
      3. Qué territorio ocupa el término, cuánto de levante a poniente y de norte a sur y cuánto de circunferencia por horas y leguas. Qué colindantes o confrontaciones y qué figura tiene poniéndola al margen.
4. Qué clases de tierra se hallan en el término. Si es de regadío o de secano; distinguiendo si son de hortaliza, cereales, viñas, pastos, bosques, matorrales, montes y demás que pudiese haber, explicando si hay algunas que produzcan más de una cosecha al año, las que tan sólo den una y las que necesitan de un año de intermedio para recuperarse.
5. cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que se declaran; buena, mediana o inferior.
      6. Si hay alguna plantación de árboles en las tierras que declararon; como frutales, morales, olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc.
      7. En qué tierras están plantados los árboles declarados.
      8. En qué conformidad están hechos las plantaciones; si extendidas en toda la tierra o a las márgenes, en una, dos, tres hileras, o en la forma que estuvieren.
      9. Qué medidas de tierra se usan en el pueblo, de cuántos pasos o varas castellanas cuadradas se componen, qué cantidad de cada especie de granos de los que se cogen en el término se siembra en cada una.
      10. Qué número de medidas de tierra hay, en el término, distinguir las de cada especie y calidad, por ejemplo; tantas fanegas, o del nombre que tuviera la medida de tierra de cereales de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y tantas de inferior; y el propio en las demás especies que hubieren declarado.
      11. Qué especies de frutos se cogen en el término.
      12. Qué cantidad de frutos de cada género, unos años con otros, produce con un cultivo común; una medida de tierra de cada especie y calidad de las que había habido en el término, sin comprender el producto de los árboles que hubiera.
      13. Qué producto se calcula que darán por medida de tierra los árboles que haya; según la forma en que estuviera hecha la plantación, cada una en su especie.
      14. Qué valor tienen, normalmente, un año con otro, los frutos que producen las tierras del término; cada calidad de ellos.
      15. Qué derechos se hallan impuestos sobre las tierras del término, como décimo, primicia, tercio décimo u otros; y a quién pertenecen.
      16. A qué cantidad de frutos suelen montar los referidos derechos de cada especie o a qué precio suelen arrendarse un año con otro.
      17. Si hay algunas minas, salinas, molinos de harina o de papel, batanes u otros artefactos en el término; distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus dueños y lo qué se calcula produce cada uno de beneficio al año.
      18. Si hay algún esquilo en el término; a quién pertenece, qué número de ganado viene al esquileo y qué beneficio se calcula que le da a su dueño cada año.
      20. Si hay colmenas en el término, cuántas y a quién pertenecen. Qué especies de ganado hay en el pueblo y en el término, excluyendo las mulas de carro y caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera del término, dónde y qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño.
      21. De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en las casas de campo o aldeas.
      22. Cuántas casas hay en el pueblo, qué número están deshabitadas, cuántas arruinadas; y si son de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al dueño por el establecimiento del suelo, y cuánto.
      23. Qué propietarios tiene el común y a qué asciende su producto al año, del cual se deberá pedir justificación.
      24. Si el común disfruta de algún impuesto, sisa u otra cosa, de la que se deberá pedir la concesión, quedándose con copia que acompañe estas diligencias; qué cantidad produce cada uno al año, y a qué fin se concedió, sobre que especies, para conocer si es temporal o perpetuo y si su producto cubre o excede su aplicación.
      25. Qué gastos debe satisfacer el común, como salario de justicia y regidores, fiestas de Corpus u otras; empedrado, fuentes, sirvientes, etc., del que deberá pedir individual razón.
      26. Qué cargos de justicia tiene el común, como censos que responda u otros; su importe, por qué motivo y a quién, del que se deberá pedir puntual noticia.
      27. Si está cargado de servicio común y extraordinario u otros, del que igualmente se debe pedir individual razón.
      28. Si hay algún empleo, impuesto sobre transiciones internas u otras rentas desasociadas, a quién, si fue por servicio en efectivo u otro motivo, de cuánto fue y lo que produce cada uno al año, del que se deberán pedir los títulos y quedar con copia.
      29. Cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías, puentes, barcas sobre ríos, mercados, ferias, etc.; hay en la población.
      30. Si hay hospitales, de qué calidad, qué renta tienen y de qué se mantienen. 31. Si hay algún banquero, mercader al por mayor o quien se beneficie de su
negocio por mano de corredor u otra persona, con lucro e interés; y qué cantidad se considera que puede obtener cada uno al año.
      32. Si en el pueblo hay algún tendero de paños, ropas de oro, plata y seda, lienzos, especias u otras mercancías, médicos, cirujanos, boticarios, escribanos, areneros, etc. y qué ganancia se calcula puede tener cada uno al año.
      33. Qué ocupaciones de artes mecánicas hay en el pueblo con distinción, como albañiles, canteros, veterinarios, herreros, cordeleros, zapateros, sastres, tejedores, sombrereros; o los que se dediquen a teñir lana, a hacer guantes mangas, etc.; explicando en cada oficio de los que hubiera, el número que haya de maestros oficiales y aprendices, y qué ingresos pueden tener al día, trabajando solamente en su oficio, cada uno.
      34. Si hay entre los artistas alguno que, teniendo caudal, haga prevención de materiales correspondientes a su propio oficio o a otros, para vender a los demás, o haya hecho algún otro comercio, o entrara en arrendamientos; explicar quién y qué beneficios consideran que les puede quedar al año la cada uno de los que hubiera.
      35. Qué número de jornaleros habrá en el pueblo y a cómo se paga el jornal diario a cada uno.
      36. Cuántos pobres de solemnidad hay en la población.
      37. SI hay algunos individuos que tengan embarcaciones que naveguen en la mar o ríos, para hacer portes o para pescar; cuántas, a quién pertenecen y qué beneficios se considera da cada una a su dueño al año.
      38. Cuántos clérigos hay en el pueblo.
      39. Si hay algunos conventos, de qué religiones y sexo, y qué número de cada uno.
      40. Si el Rey tiene en el término o en el pueblo alguna finca o renta que no corresponda a las generales ni a las provinciales y que deben extinguirse; cuáles son, cómo se administran y cuánto producen.»

Este catastro, llevado a cabo con gran detalle, demuestra la importancia de la Villa en aquel tiempo. Debemos tener en cuenta que, por ejemplo, Vigo aún era una pequeña villa por entonces que apenas contaba con unos pocos cientos de vecinos a mediados del siglo XVIII, no siendo hasta el 1.867 cuando este lugar del sur de Galicia llega a conseguir los mil habitantes en su población. Sin embargo, ya cuando se hizo este documento, en el año 1753, contaba Muros con unos 2.000 habitantes, tan solo dentro de lo que era la villa capital

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